Venezuela (162) y Haití (178) figuran entre los peor clasificados del mundo, junto a seis países africanos (R.D. Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea, Chad, Sudán y Somalia), cuatro asiáticos (Afganistán, Laos, Uzbekistán y Birmania), uno del Medio Oriente (Irak) y uno de Oceanía, Tonga.
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Unidad, Paz, Justicia, reza el lema de Guinea Ecuatorial, país africano que perteneció a España hasta el año 1968, cuando Franco les concendió la independencia.Los españoles que vivían allí tuvieron que regresar a la Península. Dejaron casa, trabajo y toda una vida. Volvieron con una promesa: la de obtener una compensación por sus posesiones perdidas. Siguen esperando.
Marcos Rodríguez es presidente de la Asociación de Antiguos Residentes en Guinea Ecuatorial, que reclama los derechos de unos 400 pequeños propietarios que forman o han formado parte de la asociación así como de todos los españoles que vivieron en Guinea. Él pasó 15 años en el país africano. En 1969 regresó a Madrid. Allí le esperaba su familia, aunque no se acordaba bien de ellos: «Cuando me encontré con una chica le dije "hermana" y me contestó: "Quita, quita, que soy tu cuñada"».
Decidió volver a Guinea pasado quince días y permaneció en el país «todo lo que pude», hasta que se vio obligado a instalarse en España «por la expropiación forzosa a los españoles». Le quitaron su oficina en Santa Isabel (hoy Malabo), la capital de Guinea, sus ocho coches («sólo conseguí traerme uno»), y todo lo que tenía. Así que, de repente, se vio en Madrid casi en la indigencia.
Las empresas proporcionaban a los españoles un sueldo y una casa. Rodríguez recuerda que «vivíamos muy bien, sin problemas con los guineanos. De hecho, los negros querían que volviésemos porque estaban mejor con nosotros». «Para nada les explotábamos».
Guinea recibió la independencia el 12 de octubre de 1968. Ésta se selló con un abrazo amistoso entre Manuel Fraga y el primer presidente del nuevo país: Francisco Macías. Pero las cosas se complicaron. Llegó la expropiación forzosa y una oleada de violencia sacudió el país: muchas tiendas fueron saqueadas, los españoles fueron sometidos a fuertes presiones fiscales y las multas desorbitadas eran constantes. Los españoles tuvieron que huir. Entre empresarios y pequeños propietarios perdieron posesiones por valor de más de 12.000 millones de pesetas.
Desde la llegada de Macías, la población española sufrió todo tipo de vejaciones. «Registraron nuestras casas -explica Rodríguez-, nos retenía la policía y algunos hasta fueron a la cárcel». El Gobierno de Franco preparó una operación de «emergencia» y envió varios barcos de la Armada. El «rescate» se produjo en Bata. «Fue una odisea dramática -recuerda Rodríguez-. Se establecieron unos vuelos especiales entre Santa Isabel y Madrid y se retiró el embajador».
Pero los que peor lo pasaron fueron los que no estaban en la capital: tuvieron que montarse en cayuco y arriesgar su vida dejando atrás todo. En Santa Lucía les esperaban los españoles que vivían en la capital para coger los aviones fletados por el Gobierno. La mayoría de ellos nunca volvió a Guinea.
«Cuando regresé a España volví a casa de mis padres a vivir, pero no encontré trabajo. Tenía más de 40 años y ya nadie me quería contratar, por eso tampoco pude cotizar», narra Rodríguez. La Asociación lleva funcionando desde entonces con sede en la Gran Vía. Los socios de la misma pagan tres euros al mes «con los que apenas cubro los gastos de alquiler y teléfono. De hecho, me han embargado tres veces, y la última no sabían ni qué llevarse porque no tengo nada de valor». Ha tenido que cambiar de despacho, y la mayoría de socios se han cansado de esperar: «Es que son muchos años ya, y el tiempo pasa. Yo soy de los más jóvenes y tengo 78 años».
Su labor se ha prolongado «desde la época de Franco hasta Zapatero». Ha mandado cartas a todas las instituciones sin respuesta positiva. El último lugar al que les han remitido, en este caso el PSOE a través de Diego López Garrido y del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, es a Guinea. Moratinos les ha dicho que la solución pasa por «los Tribunales ecuatoguineanos», en los que se proporcionaría a los afectados «la protección consular apropiada». «Pero ¿quién nos compra el billete? -se queja Rodríguez-. Y lo que es peor, ¿pretenden que hablemos con el presidente del país y le pidamos algo?».
«Guinea era una provincia más de España y el Estado debe darnos una solución». Mientras, sin noticias de una compensación, subsisten con sus pensiones, en algunos casos de 300 euros. Otros, como quienes vivían en el Marruecos español, sí fueron compensados.
El problema ha sido tratado en las Cortes en distintas ocasiones sin resultado. «Nosotros formamos parte, de los hombres y mujeres que colonizaron en nombre de España». Fueron los últimos de Guinea; hoy son los grandes olvidados.
Álvaro Pérez
